El significado del verbo imputar es pensar o decir que alguien ha
hecho algo malo. Esta es la definición que aparece en el diccionario. Llevamos años
familiarizándonos con este término, incluso ha originado que muchas personas
que lo desconocían lo incorporen a su vocabulario habitual enriqueciéndolo,
todo un detalle.
Luego tenemos la ausencia de una palabra, justicia. Esta palabra que
es un sustantivo femenino, subrayo
su género porque es curioso que delito sea un sustantivo masculino y vivamos en
un mundo gobernado por el género masculino. Bueno al tema, el significado de justicia
tiene dos definiciones: 1. El dar a
cada uno lo que le toca o se merece de acuerdo con la ley o la moral. 2. Conjunto de leyes, organismos y
personas de un país encargados de castigar los delitos y resolver los
conflictos entre los ciudadanos.
Si realizamos una lógica casi infantil, llegaríamos a la
conclusión de que cuando alguien es imputado se le aplicaría cualquiera de los
dos significados que tiene la palabra justicia. Pero, ¿es esto real?.
Cuando uno de nosotros, ciudadanos "normales", recibe una
carta de la Agencia Tributaria indicándonos que hay discrepancias entre lo
declarado y lo que ellos tienen en su base de datos, de alguna manera se nos
está imputando una infracción. Posteriormente se nos aplica la ley que nos
corresponda y que en el 99% de los casos acaba en una sanción. El tiempo de
dicho procedimiento no va mas allá de los seis meses. Esto es real.
Sin embargo, cuando la imputación recae en otra clases de ciudadanos
"privilegiados", políticos, banqueros, aristócratas, etc., el
procedimiento es el mismo pero la aplicación de la ley no es igual. Se esfuerza
el sistema en simular lo contrario, es decir que se les aplica la justicia como
a cualquier hijo de vecino, pero a los hechos nos podemos remitir, y a día de
hoy nadie de estos ciudadanos VIP han pagado por sus acciones como
corresponderían. Esto es real.
Por otra parte, y esta a mi juicio es la más indignante, muchos de
estos imputados han pregonado y exigido la necesidad del esfuerzo que los
ciudadanos tienen que hacer para salir de esta crisis, han apoyado la subida de
impuestos, la reforma laboral, el recorte sanitario, la bajada de salarios, los
ERE, han blanqueado delante de nuestras narices una parte de ese dinero negro
al amparo de amnistías fiscales promovida por este y por anteriores gobiernos
de nuestro país, siguen en su mayoría, manteniendo sus puestos de trabajos, sus
cargos, su protección, sus sueldos.
En el año 2009, concretamente a finales del mismo, el fiscal general del estado Cándido Conde-Pumpido,
reveló en el Congreso que se estaba tramitando 730 causas en las que se investigaba a cargos públicos por corrupción, 264 contra políticos del PSOE,
200 contra miembros del PP, 30 de CIU, 5 de ERC, 43 Coalición Canaria, 24 del PA, 20 IU, 17 del Grupo Independiente Liberal (GIL), 7 de Unión Mallorquina, 3 del Bloque Nacionalista Galego y otros 3 del PNV.
A finales del pasado año 2012 los casos de imputados llegaban a la cifra
de 300 cargos públicos, inmersos en
procesos judiciales, y que afectan a todos los niveles de la administración,
salpicando tanto a quienes han sido miembros del Gobierno, como a dirigentes
autonómicos, alcaldes y responsables municipales.
En enero de 2013 se añaden una docena
más de cargos públicos imputados por corrupción.
Ahora que repitan una vez más que los ciudadanos "normales"
hemos vivido por encima de nuestras posibilidades...
